Este año se conmemoran diez años de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento internacional de trascendental importancia al que el Perú y la Cancillería están íntimamente ligados. Por más de 11 años, diplomáticos peruanos condujeron el proceso de negociación que concluyó con la aprobación de la declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sexagésimo Primer Período de Sesiones, el 13 de setiembre de 2007.

Desde esa fecha, nuestro país ha mantenido una postura consecuente y de liderazgo, la que se proyecta en su condición como único país, a nivel regional, en haber legislado sobre la consulta previa, mecanismo que se deriva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, a nivel interno y externo.

En el plano interno, se destaca la acción coordinada del Estado peruano, involucrando a los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, y Cultura, a fin de promover la interculturalidad como principio rector para fomentar y garantizar el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del país. Paralelamente, en el frente externo, el Perú es un activo promotor de los derechos de los pueblos indígenas tanto en el Consejo de Derechos Humanos, así como en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, mecanismos que colaboran permanentemente con los Estados para una mejor aplicación de la Declaración.  

El Perú cuenta con una Política de Estado de protección de los derechos de los pueblos indígenas, lo que se traduce en la cooperación, la apertura, el liderazgo legislativo y la construcción de una nueva relación encaminada a la debida atención de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas.